En 2021, las pesquerías europeas necesitan una gestión transparente y responsable

En un momento en el que ya se están tomando decisiones sobre los límites de capturas pesqueras y otras medidas en Europa, los responsables políticos se enfrentan a un problema de asunción de responsabilidades. Las decisiones que se tomen sobre las normas para las poblaciones de peces gestionadas únicamente por la Unión Europea seguirán un camino que está ya muy bien trazado. Los responsables políticos de la UE tienen sus propias carencias en lo que respecta a transparencia y se verán muy afectados por las restricciones provocadas este año por la COVID-19, pero los procesos implantados por las instituciones son ampliamente conocidos y seguirán su curso normal. Sin embargo, en lo que respecta a otras poblaciones, la salida del Reino Unido de la Unión Europea provoca un cambio significativo en todo este proceso. Después del Brexit, las poblaciones gestionadas en exclusiva por la UE pasan a ser una minoría, y surgen incertidumbres sobre cuándo y cómo el Reino Unido y la UE negociarán y pactarán los límites para las otras poblaciones de peces gestionadas conjuntamente.

Este año, la Unión Europea y el Reino Unido deben entablar negociaciones bilaterales para pactar medidas de gestión en torno a unas 100 poblaciones de peces; algunas de estas decisiones están sujetas al acuerdo con otros gobiernos, como es el caso de Noruega. La UE y el Reino Unido tienen la obligación, en virtud de los acuerdos de las Naciones Unidas, de entablar negociaciones anuales, sea cual sea el resultado de las conversaciones tras el Brexit sobre la futura relación a largo plazo de estas partes. Es probable que se produzca un nuevo ciclo de conversaciones bilaterales o multilaterales entre los gestores pesqueros que se conviertan en práctica habitual, y que podrían incluir asuntos controvertidos como los acuerdos en las cuotas, o simplemente que aborden las recomendaciones científicas sobre el establecimiento de límites de captura anuales.

Un hecho preocupante es la falta de transparencia sobre el formato de este proceso (a ambos lados del canal), además de los indicios de que la rendición de cuentas por parte de los responsables políticos podría incluso ser menor que la existente en la actualidad, lo que aumentaría las posibilidades de permitir una actividad pesquera insostenible.

Por su parte, el Reino Unido está dejando claro que ve la oportunidad de rebajar la normativa y de asumir más riesgos en relación con la sostenibilidad de las poblaciones de peces. Después de reducir sus propias ambiciones políticas especificadas en la ley de pesca nacional (Fisheries Bill), el Reino Unido inició conversaciones con la UE en materia pesquera con una posición abierta que iba más allá de la eliminación de medidas de sostenibilidad. En concreto, el Reino Unido apuesta por límites de captura que "tengan en cuenta" las recomendaciones científicas, pero que también valoren los "aspectos socioeconómicos”, pero esta es exactamente la misma dinámica política que alimentó la sobrepesca durante las décadas de gestión por parte de la UE antes de su reforma en 2013.

¿Será capaz la UE de mantener a raya la arriesgada posición británica? Sobre el papel, la posición negociadora de la UE sugiere que está tratando de hacerlo incluyendo medidas de sostenibilidad alineadas con los compromisos internacionales, e incluso fijando un proceso en caso de que se rompan las negociaciones y las partes no lleguen a acuerdos en los límites de captura anuales. En el caso de que el Reino Unido aceptase incluir estas medidas de protección en el acuerdo, esto contribuiría a mitigar el riesgo de permitir prácticas de pesca no sostenibles en futuras negociaciones. Asimismo, la UE ha publicado sus propuestas para 2021 con un proceso más transparente, presentado por el comisario europeo Virginijus Sinkevičius, que, en comparación con años anteriores, este año ha acercado más propuestas a las recomendaciones científicas, lo que representa un paso adelante muy positivo. Sin embargo, sigue habiendo riesgos latentes que los responsables políticos de la UE no parecen tan predispuestos a abordar.

No está claro cómo se van a desarrollar estas conversaciones, quién representará las posiciones de la UE y el Reino Unido en relación con los límites de captura y —algo fundamental— cómo las respectivas democracias exigirán responsabilidades a los equipos negociadores de cada parte. Las conversaciones mantenidas entre la UE y Noruega en décadas pasadas dan una idea de los riesgos a la hora de asumir responsabilidades. En estas conversaciones, la UE está representada por funcionarios de la Comisión Europea; estas negociaciones cuentan también con la presencia de funcionarios de los Estados miembros y representantes del sector pesquero, con distintos niveles de acceso a las negociaciones formales. Otras partes interesadas (por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil) se quedan fuera y ni siquiera se les permite la entrada en el edificio, lo que dificulta valorar a qué intereses responden las decisiones que se toman.

Pese a que los resultados suelen ser ratificados posteriormente por los ministros, se ha demostrado difícil atribuir responsabilidades derivadas de los resultados. Esto se debe, en parte, a que las decisiones se toman en una fase muy anterior del proceso, a puerta cerrada y lejos del escrutinio público, sin que ningún político ni ninguna institución asuma responsabilidades claras.

Si las conversaciones anuales entre la UE y el Reino Unido siguen el mismo patrón, esto representará un importante paso atrás en cuanto a transparencia, justo en un momento en que la posición del Reino Unido sobre el papel pone en riesgo las medidas de protección adoptadas previamente para las pesquerías europeas. Y eso podría provocar una situación de desinformación en la opinión pública acerca de todo este proceso.

El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) seguirá publicando cada año las recomendaciones científicas sobre los límites de captura; unos meses después, los negociadores de la UE y el Reino Unido anunciarán que han alcanzado un acuerdo sobre los límites del año siguiente o tal vez la imposibilidad de lograr un acuerdo. Entre estas dos fases, es posible que las personas no directamente implicadas en las negociaciones tengan muy poca información de los objetivos de nuestros representantes políticos en las negociaciones en materia de gestión conjunta.

Por ejemplo, es posible que no haya ninguna propuesta de la Comisión Europea para la mayoría de poblaciones de peces, o bien que el gobierno del Reino Unido decida no publicar determinadas informaciones relativas a sus objetivos en las negociaciones. Puede que solo nos enteremos de que se han debilitado las protecciones de las poblaciones de peces después de haber alcanzado un acuerdo a puerta cerrada. Unos escenarios de este tipo vulnerarían los compromisos internacionales que la UE y el Reino Unido, como firmantes de la convención de Aarhus, adoptaron en materia de acceso público a la información sobre las decisiones políticas.

El riesgo de sobrepesca es evidente, especialmente si las partes deciden imitar el modelo UE-Noruega de llevar a la mesa negociadora un grupo limitado de partes interesadas para guiar sus prioridades. Además, a menos que la UE y el Reino Unido den pasos ahora para garantizar la transparencia en sus procesos de toma de decisiones, la credibilidad de las políticas pesqueras se verá de nuevo comprometida.

Las negociaciones internacionales tienen un carácter delicado y no siempre pueden estar en el centro de la atención pública. Pero si no se publican las propuestas de gestión y no se realiza un debate público sobre los objetivos, es muy probable que se produzca un regateo político inexplicable, lo que volverá a confundir a la opinión pública tanto sobre la sostenibilidad de las pesquerías como sobre quién debe asumir la responsabilidad de su protección.

Andrew Clayton dirige las iniciativas de The Pew Charitable Trusts para acabar con la sobrepesca en el noroeste de Europa.