Los organismos de pesca deberían ser más transparentes en su toma de decisiones, no menos

El sector de la pesca mueve miles de millones de dólares cada año en todo el mundo y casi todos los países participan en la cadena de suministro, desde la pesca y el procesado hasta la adquisición y el consumo. Existen más de 130 poblaciones de peces gestionadas internacionalmente que pueden llegar al mercado, y otras especies como los tiburones y las rayas se ven potencialmente afectadas por las actividades de esas pesquerías. Desde la pequeña caballa hasta el enorme atún, es vital la cooperación en una gestión cautelosa y basada en la ciencia por parte de todas las partes interesadas, para así garantizar la sostenibilidad y la salud del ecosistema.

Las organizaciones regionales de pesca (ORP), a menudo compuestas por docenas de países, se encargan de establecer las reglas que dictan cómo y cuánto pescado puede capturarse, a menudo mediante tensas negociaciones multilaterales. En las negociaciones es fundamental la transparencia; en 1995, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Acuerdo de la ONU sobre Poblaciones de Peces reconocieron los beneficios de dicha transparencia y establecieron que la información, la toma de decisiones y los resultados deberían ser accesibles, dentro de lo razonable, para toda persona que tenga interés.

La transparencia en las negociaciones ha demostrado aumentar la legitimidad y la aceptación de las decisiones relativas a las cuotas de pesca y otras medidas relacionadas. El cumplimiento de las normas aumenta porque hay menos vacíos legales y los gobiernos incrementan su rendición de cuentas y responden ante las personas y las organizaciones que dependen de esas pesquerías. Permitir que asistan observadores a las reuniones y que participen en los debates añade valor gracias al conocimiento y el asesoramiento técnico, la investigación, el análisis e incluso la financiación de algunas actividades de las ORP.

La COVID-19 ha cambiado la manera de trabajar de la mayoría de organizaciones —incluidas las ORP—. Las reuniones telemáticas suponen retos, pero también presentan oportunidades. Las ORP deberían usar conferencias en la web y acceso abierto a los datos para mejorar la transparencia y garantizar que las decisiones queden claras para todos los gobiernos miembros y los grupos de observadores, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los representantes del sector. Sin embargo, a pesar de la existencia de esas herramientas, sigue habiendo falta de transparencia, que incluso está aumentando en algunas ORP. Como se indicó en un artículo revisado por expertos y recientemente publicado en la revista Marine Policy, esto podría tener consecuencias para el mundo real, especialmente si se limita la capacidad de los observadores de organizaciones no gubernamentales de exigir responsabilidades a las ORP y supervisar sus esfuerzos de cumplimiento.

El estado de la transparencia en 2020

Desde que comenzó la pandemia, la transparencia está siendo un problema en varios organismos pesqueros. Por ejemplo, la Comisión de Pesca del Pacífico Norte, que gestiona pequeñas pesquerías pelágicas y demersales, no ha permitido que asistan observadores a sus reuniones de pequeños grupos de trabajo, que se están haciendo virtualmente. El resultado es que los observadores no pueden participar en debates relevantes que pueden afectar a las decisiones de gestión y a la sostenibilidad de esas pesquerías.

El Comité Científico Internacional sobre Atunes y Especies Afines en el océano Pacífico norte, que asesora a dos ORP sobre el estado de la población y la conservación de especies con importancia comercial, como el atún de aleta azul del Pacífico, gravemente mermada, esperó hasta la víspera de su reunión plenaria de 2020 para invitar a observadores. Por su parte, miembros de la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste llevan varios años permitiendo la asistencia de representantes del sector a sus charlas anuales sobre la gestión de determinadas poblaciones de peces, aunque han impedido participar a las organizaciones de la sociedad civil.

Más adelante, este mismo año, la Comisión del Atún para el Océano Índico, la Comisión Interamericana del Atún Tropical y la Comisión de Pesca del Pacífico Central y Occidental (CPPOC) celebrarán reuniones virtuales claves para la conservación. Aunque las tres permiten la participación de observadores en los grupos de trabajo, la CPPOC es la única que impide la asistencia de organizaciones de observadores al debate sobre los informes de cumplimiento de los países miembro. Según su propio asesor jurídico y un panel de revisión independiente, el convenio de la CPPOC permite mucha más transparencia de la que actualmente se practica. Está por ver cómo esta, y el resto de ORP, garantizarán la transparencia en esas reuniones virtuales.

Es posible que algunas ORP prescindan de las reuniones virtuales para debatir puntos importantes por correo electrónico. Aunque la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) canceló su reunión anual del próximo noviembre, ha dejado abierta la posibilidad de tomar importantes decisiones sobre gestión y cuotas mediante correo electrónico. No queda claro cómo se hará ni si se permitirá que participen observadores o si estos tendrán acceso a la correspondencia de los delegados de los gobiernos. La CICAA ya ha dicho que ultimará el asesoramiento de los científicos sobre gestión por correo electrónico, sin dejar claro cómo van a participar los científicos de las ONG.

El camino a seguir

Dado que continúa la pandemia de COVID-19, las ORP deberían pasar de aplicar medidas de emergencia a corto plazo a desarrollar procedimientos y normas que les ayuden a gestionar las poblaciones de peces de manera eficaz y sostenible en la nueva normalidad. Aunque siempre habrá un lugar para las reuniones presenciales, esta transformación digital da a las ORP la oportunidad de aumentar la participación en la toma de decisiones y mejorar la transparencia en lugar de limitarla.

La COVID-19 supone un impacto sin precedentes para las pesquerías internacionales, pero también es un recordatorio más de la necesidad de contar con sistemas alimentarios saludables y resilientes en los que el público pueda confiar. Las ORP deben hacer honor a sus compromisos con la transparencia cuando adoptan decisiones sobre recursos públicos compartidos. La participación de la sociedad civil —mediante organizaciones no gubernamentales— en las deliberaciones y decisiones de las ORP es vital para la transparencia y para ayudar al público general a entender las decisiones de gestión de las pesquerías. Sin esa transparencia, las personas podrían sentirse desvinculadas de lo que está ocurriendo en las aguas y los gobiernos podrían no tener que rendir cuentas, lo que perjudicaría a la sostenibilidad a largo plazo de las pesquerías. 

Rachel Hopkins es un alto cargo y experta en ORP del equipo de pesquerías internacionales de Pew.