Según una nueva investigación, cada año mueren en todo el mundo más de 100.000 personas perteneciente al sector de la pesca

WASHINGTON – Según un nuevo estudio, cada año ocurren más de 100.000 muertes relacionadas con la pesca. Casi 300 pescadores mueren todos los días —una estimación que supera por mucho todas las valoraciones anteriores—, según una investigación de la FISH Safety Foundation (FSF), encargada por The Pew Charitable Trusts.

El número considerable de muertes afecta de manera desproporcionada a los pescadores de bajos ingresos —incluidos los niños forzados a trabajar—, y sus causas predominantes son las condiciones laborales peligrosas y los buques inseguros.

La FSF identificó varios factores responsables de la mortalidad de pescadores, entre ellos, la pobreza; los conflictos geopolíticos; la sobrepesca; la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y el cambio climático. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un factor significativo, particularmente cuando la demanda de proteína proveniente del pescado aumenta en todo el mundo. Los operadores industriales ilegales intentan reducir costos e ignoran las reglas de seguridad, al tiempo que contribuyen a la sobreexplotación pesquera sumamente lucrativa. A su vez, esto impulsa lo que se identifica como “pesca ilegal, no declarada y no reglamentada por necesidad”, cuando pescadores artesanales o de pequeña escala se ven forzados a infringir las reglas o a participar en actividades no reglamentadas y peligrosas a medida que se vuelve cada vez más difícil encontrar pescado. Estas condiciones están exacerbadas por el cambio climático y la distribución cambiante de las poblaciones de peces.

“Si bien la pesca puede ser una actividad intrínsecamente riesgosa, la cruel realidad es que muchas de estas muertes eran y son evitables. Dado que 3 mil millones de personas dependen de los productos marinos y que se proyecta un aumento en la demanda, se necesitan con urgencia políticas más eficaces para proteger a los pescadores. Esto incluye políticas que aborden los verdaderos factores que contribuyen a estas muertes”, explica Peter Horn, uno de los directores del programa de pesquerías internacionales de Pew, que tiene como objetivo central evitar y eliminar la pesca ilegal.

Eric Holliday, director de la FSF, señala: “Muchas personas sospechan que los cálculos de la mortalidad de pescadores han subestimado y ocultado el peligro de la pesca. Nuestro análisis es el primero de su clase y muestra de manera concluyente que una falta de transparencia en la industria pesquera pone vidas en peligro ocultando el panorama completo de lo que ocurre en los buques o en los caladeros o zonas de pesca. Por esto, a los Gobiernos se les dificulta establecer políticas eficaces para mejorar la seguridad. Aunque tal vez nunca podamos precisar una cifra exacta de las muertes de pescadores, esto debería servir como llamada de aviso para los Gobiernos, para indicarles que, a fin de salvar vidas, se necesitan medidas urgentes, fundamentadas con mejores informes e intercambio de datos de mortalidad”.

Mediante la revisión de datos de acceso público y referencia cruzada con periodismo de investigación, noticias publicadas, contenido en redes sociales y comunicaciones privadas con funcionarios de los Gobiernos y otras personas, los autores del estudio lograron mostrar el panorama más completo hasta la fecha de la cifra de muertes relacionadas con la pesca en todo el mundo.

Pero incluso con todas estas herramientas al alcance, quedan lagunas de información, y la cantidad total es prácticamente imposible de determinar. Debido a los datos inexactos e insuficientes, a los responsables de la toma de decisiones les resulta difícil poner en marcha los cambios necesarios en las políticas a fin de garantizar la seguridad de los pescadores, tanto los industriales como los de subsistencia, a nivel internacional, estatal y local.

Sobre la base de los resultados del estudio, Pew insta a que se tomen medidas en varios frentes. En el ámbito nacional, hacen falta más acciones para implementar medidas de seguridad destinadas a proteger a los pescadores y a abordar los factores clave. Dado el grado de desproporción de las muertes en las comunidades de bajos ingresos, se necesita con urgencia asistencia financiera y desarrollo de capacidades. A nivel internacional, las mejoras en la recolección de datos, la transparencia y los esfuerzos por intercambiar información ayudarán a los entes gubernamentales a comprender mejor los problemas que enfrentan los pescadores, cuantificar con mayor exactitud los riesgos adicionales que presenta la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y adoptar políticas que permitan instaurar medidas de seguridad de buques más enérgicas. 

Asimismo, actualmente existen marcos normativos que están diseñados para detener la pesca ilegal y proteger a los pescadores. En términos específicos, los países deben ratificar e implementar el Acuerdo de Ciudad del Cabo, adoptado por la Organización Marítima Internacional en 2012, que establece normas de seguridad mínimas para la construcción y el diseño de buques de pesca. También deben implementar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), creado para impedir que el pescado capturado ilegalmente entre en la cadena de suministro de pescados y mariscos. Por último, deben continuar la implementación del Convenio sobre el Trabajo en la Pesca de la OIT de 2007 (C188), que establece normas en materia de las condiciones de vida a bordo de los buques en el mar. Los Estados miembros de cada Organización Regional de Ordenación Pesquera también deben instaurar políticas claras que fortalezcan los esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y la sobrepesca.

“Por suerte, contamos con varias herramientas que pueden ayudarnos a poner freno a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y a la sobrepesca a nivel industrial, además de mejorar las condiciones de seguridad en una de las profesiones más peligrosas del mundo”, agrega Horn. “Aunque no aborden todas las cuestiones, expresan claramente la intención de resolver este problema. Las autoridades internacionales también deben priorizar el conteo de estas muertes. Únicamente si tienen un panorama más claro de lo que está sucediendo en el agua, los funcionarios sabrán cuándo —y dónde— hacen falta medidas más firmes. Este estudio debería ser un llamado de atención para las autoridades internacionales, los Gobiernos nacionales y los gestores pesqueros de todo el mundo, para que asuman la responsabilidad de abordar la parte del problema que les toca. Los pescadores ya no deben morir en la oscuridad, y los Gobiernos ya no pueden seguir ignorando las graves injusticias y desigualdades humanas producto de medidas insuficientes en materia de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sobrepesca y cambio climático”.

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