En Bolivia, los pueblos indígenas son los mejores custodios del medio ambiente

Nota del editor: El contenido de esta página se actualizó el 20 de febrero de 2024 para precisar la fecha de lanzamiento del proyecto de conservación del Pantanal y el Gran Chaco en Sudamérica.

Los humedales tropicales y ecosistemas asociados del Pantanal y bosques secos del Gran Chaco contribuyen significativamente al equilibrio ecológico y climático global. Estos paisajes también son importantes para la conservación de la diversidad biológica única que sustentan, ya que brindan hábitat para especies como el jaguar, el oso hormiguero gigante, la nutria gigante de río y el lobo de crin, entre otros. Sin embargo, esta región, que también es parte del territorio ancestral de varios pueblos indígenas, viene sufriendo múltiples amenazas como la expansión de la frontera agropecuaria no planificada, los incendios forestales y las grandes obras de infraestructura que ponen en riesgo los medios de vida de las comunidades locales, así como el estado de conservación de los ecosistemas.

En colaboración con agencias gubernamentales, comunidades indígenas y organizaciones no gubernamentales (ONG) con sede en Bolivia, Pew lanzó el año pasado el proyecto de Conservación del Pantanal y el Gran Chaco de Sudamérica en estas áreas naturales de alta importancia por su diversidad biológica única en el mundo. En Bolivia, el proyecto busca mejorar la gestión de los parques nacionales más importantes de la región, contribuir a los esfuerzos de conservación de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, los territorios de los pueblos Chiquitano y Ayoreode, así como promover el desarrollo de sistemas de financiación sostenibles para estas áreas.

Leonardo Tamburini es el director ejecutivo de ORÉ, una ONG boliviana que trabaja brindando apoyo legal y social para el fortalecimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la gestión sostenible de sus territorios. En 2022, Pew estableció una asociación estratégica con ORÉ, cuya experiencia en gobernanza territorial indígena servirá de base para la implementación de mecanismos de gestión territorial y conservación indígena en el Gran Chaco boliviano. Tamburini, quien es un abogado de origen argentino y especialista en derechos humanos, ha jugado un papel importante en la defensa de los derechos indígenas en Bolivia durante los últimos veinte años.

Esta entrevista ha sido editada para mayor claridad y extensión.

P: Siendo argentino, ¿qué es lo que te motivó a convertirte en un defensor y promotor de los derechos indígenas en Bolivia?

Cuando llegué a Bolivia, a mediados de los años 90, el país estaba en gestación el proceso que generó la emergencia política, social y cultural que atravesó toda la sociedad boliviana y que exigía el reconocimiento como ciudadanos plenos a los pueblos indígenas. Éste visibilizó, entre otras cosas, la noción de territorialidad indígena, así como la situación de depredación y degradación de los territorios indígenas en el país. Debido a mi personalidad y forma de ser, fue muy fácil ligarme a las organizaciones defensoras de los derechos indígenas y a las demandas de los pueblos indígenas en esa época y, desde ese momento, tomé esta causa y no la abandoné hasta el día de hoy.

P: Bolivia se encuentra entre los países con mayor reconocimiento a la territorialidad indígena, ¿por qué esto es relevante para la protección y conservación de áreas naturales?

Los puelos indígenas que se mantienen en sus territorios han logrado articular un manejo responsable y sabio de la naturaleza. Por lo tanto, su sobrevivencia y supervivencia frente a los procesos de colonización y a los estados nacionales ha tenido que ver con las destrezas que ellos lograron en manejar de manera sabia su entorno. Al mismo tiempo, las herramientas legales o jurídicas que la sociedad nacional les proporcionaba, en donde las decisiones y las formas de decidir no eran las propias, afectaba tanto a sus derechos ciudadanos, así como ponía en riesgo los recursos naturales de los que ellos dependían. Esta situación representa el punto de partida de las demandas por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Una forma entonces de poder seguir generando ese círculo virtuoso de uso sostenible, conservación, permanencia en el tiempo, enriquecimiento de la cultura y ejercicio de derechos, tiene que ver con el reconocimiento de los derechos más particulares para estas poblaciones. Estos incluyen el respeto a su derecho a autogobernarse, al uso sostenible de sus bienes comunes, a mantener y conservar sus formas de vida y a la toma de decisiones de acuerdo con sus usos y costumbres.

P: ¿Cómo proponen seguir generando este círculo virtuoso de conservación basado en la autonomía indígena en Bolivia?

Los pueblos indígenas tienen el derecho a ser actores de la gestión en sus territorios y de la conservación. Por lo tanto, tenemos la firme creencia de que, sin pueblos y organizaciones fortalecidas y empoderadas, no va a haber conservación ni sostenibilidad. En Bolivia, y específicamente en la jurisdicción de la Autonomía Indígena de Charagua Iyambae del Pueblo Guaraní, las acciones estratégicas del proyecto con Pew van en función a concretar esa visión de largo plazo que tiene que ver con el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, así como en la gestión y la conservación de sus bienes comunes como una condición para que estos pueblos sean realmente empoderados. Pero no hablamos de un empoderamiento político para que estén en cargos gubernamentales, sino para que tomen decisiones serias, responsables y conscientes sobre sus territorios y porque generen al mismo tiempo bienestar y desarrollo en los mismos.

P: En el año 2017, Charagua Iyambae se constituyó como el primer gobierno autónomo indígena en Bolivia, ¿cómo obtuvo la comunidad guaraní ese logro tan importante?

Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y autonomías indígenas originario campesinas, esta última categoría recién habilitada el año 2009 con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. Antes del año 2015, Charagua era un municipio, sin embargo, esta jurisdicción siempre ha sido parte de los territorios ancestrales del pueblo indígena guaraní. A partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, el pueblo guaraní de Charagua llevó adelante un largo proceso para el reconocimiento como autonomía indígena, construyendo participativamente su Estatuto Autonómico y cumpliendo con el interminable proceso burocrático establecido por la Ley de Autonomías para la conversión. Es así, que en el año 2015 logró constituirse en la primera Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC) de Bolivia. Este estatus promueve el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas originario campesinos; representa una oportunidad para que la población local ejerza sus derechos plenos sobre el control de su territorio, sus recursos naturales y su visión de desarrollo.

P: ¿Cómo incide la autonomía territorial indígena de Charagua Iyambae en la protección y conservación de sus tierras ancestrales?

Estamos hablando de gobiernos indígenas con autonomía para tomar decisiones sobre todo su territorio en términos administrativos, de planificación y gestión. Otra forma del ejercicio de su autonomía territorial es a través de la administración y creación de áreas protegidas que brindan un mecanismo de protección ante amenazas a la biodiversidad y los sistemas de vida locales. En el caso de Charagua, estas le permiten al gobierno autónomo indígena ejercer una territorialidad en donde reproducen elementos culturales y sociales guaraníes asociados a la conservación. Actualmente, casi el 70% del territorio de Charagua Iyambae está dedicado a áreas de conservación. Si bien la conservación es un hecho local de impacto global, esta sucede en los territorios indígenas, que es ya un actor empoderado con derechos reconocidos y que tiene una agenda propia que está perfectamente empalmada con la agenda global de la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

P: ¿Cuál es el impacto que este nuevo proyecto podría tener en el futuro de la conservación del Gran Chaco en Bolivia?

Este nuevo proyecto de colaboración entre ONG bolivianas marca una nueva etapa en la relación entre la cooperación local con financiamiento internacional y los pueblos indígenas, ya que nos ha permitido reencontrarnos como organizaciones, sobre todo las que venían enfocadas en temas sociales y políticos con las enfocadas en la conservación del medio ambiente. Se está tratando de articular las agendas, en donde las organizaciones y los propios gobiernos de los pueblos indígenas son los protagonistas. Pero lo más relevante es la importancia que ellos mismos ponen a que, a través del consenso y las alianzas entre instituciones, se presenten iniciativas de alto impacto. Es decir, nos marcan el rumbo de nuestra propia intervención.

P: ¿Qué es lo que te ha traído mayor satisfacción de tener este tipo de trabajo?

Lograr la cristalización de los derechos indígenas, que podría reflejarse en la entrega de un título de propiedad de un territorio o en la aprobación de la constitución política en la asamblea constituyente en el año 2007 y que garantizó el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Bolivia. Cuando uno participa en estos procesos históricos después tantos sacrificios y acciones, da mucha satisfacción ya que la vida del activista es muy parca en logros concretos. En realidad, se lucha mucho más de lo que se logra al final.