Los Gobiernos deben actuar para poner fin a las subvenciones dañinas a la pesca

Mientras los Gobiernos lidian con los impactos del COVID-19 y diseñan sus planes de reactivación, los líderes del mundo tienen una oportunidad de mejorar las economías de sus respectivos países previendo la protección de los océanos y los recursos que estos nos brindan, o tal como lo expresan algunos expertos, seguir el camino de la “recuperación azul”. Al actuar de este modo, los Gobiernos pueden crear un futuro más resiliente tanto para las personas como para la naturaleza.

Los océanos saludables son esenciales para los empleos, las economías y las comunidades que dependen del sustento de poblaciones de peces robustas. Por tal motivo, es menester que los países eliminen las subvenciones gubernamentales que dañan a esas poblaciones mediante la estimulación de la sobrepesca e, incluso, la instigación de la pesca ilegal. Actualmente, a través de negociaciones convocadas en la Organización Mundial del Comercio, los Gobiernos de todo el mundo se encuentran muy cerca de concretar este objetivo.

Con anterioridad a la irrupción de la pandemia del COVID-19, los líderes mundiales estaban listos para alcanzar un acuerdo al cierre de la conferencia ministerial de la OMC del 11 de junio —solo tres días después del actual Día Mundial de los Océanos—, por medio del cual se habrían erradicado las subvenciones dañinas a la pesca. Aunque la pandemia acabó por posponer estos planes presenciales, es fundamental que los Gobiernos no pierdan el impulso positivo que los inspiró a comienzos de la primavera.

Queremos que el mensaje sea claro: no todas las subvenciones son negativas. Algunas de ellas, por ejemplo, ayudan a los países a manejar mejor sus pesquerías o a proteger áreas del océano que se utilizan como sitios de cría de peces. Es vital que estas subvenciones se mantengan intactas.

Sin embargo, los Gobiernos pagan más de $22 000 millones por año en algunos tipos de subvenciones dañinas, denominadas subvenciones para aumentar la capacidad, a fin de compensar ciertos costos, como combustible, equipamiento y construcción de buques. Al reducir el costo de la pesca de manera artificial, propician la sobreexplotación de poblaciones de peces, principalmente en manos de buques de pesca industrial de gran tamaño. La afluencia de dinero proveniente de estas subvenciones les permite a las flotas operar con un exceso de capacidad; es decir, pueden pescar en zonas más alejadas de la costa y durante períodos más prolongados, interfiriendo así con el suministro finito de peces del océano. En consecuencia, se perjudica a muchas comunidades costeras que dependen de los productos marinos para su subsistencia, y los pescadores de estas zonas se ven obligados a buscar formas alternativas de mantener a sus familias.

Hoy en día, los países de todo el mundo están enfrentando desafíos asociados con la sobrepesca. Por ejemplo, según un informe de la Comisión Europea, por lo menos el 38 % de las poblaciones de peces de la UE fueron objeto de sobreexplotación pesquera en 2018. China, Japón, la UE, Corea del Sur y los Estados Unidos son los cinco principales otorgadores de subvenciones dañinas, con pagos totales que ascienden a $12 700 millones anuales (más de la mitad de las subvenciones para aumentar la capacidad que se distribuyen entre todos los pescadores a nivel mundial).

Estas subvenciones dañinas están acelerando la disminución de poblaciones de peces ya agotadas y, en última instancia, se verán traducidas en menores niveles de capturas. Lamentablemente, todo esto sucede en un momento en el que los Gobiernos deberían estar estableciendo políticas para ayudar a las pesquerías a recuperarse, lo que a su vez beneficiaría a las comunidades costeras, las economías locales y nacionales, y los ecosistemas marinos.

Para corregir el curso de los acontecimientos, los miembros de la OMC deberían aprovechar la ocasión para restaurar la relación entre los seres humanos y el océano de un modo que sea beneficioso tanto para las personas como para la naturaleza, en lugar de destinar los fondos públicos a actividades orientadas al agotamiento de los recursos oceánicos.

Existe un amplio consenso con relación a la pertinencia de eliminar las subvenciones para aumentar la capacidad. Cuando los 193 países miembro de las Naciones Unidas desarrollaron los objetivos de desarrollo sostenible en 2015, sus líderes se comprometieron a eliminar las subvenciones dañinas. Estos Gobiernos también cuentan con el apoyo de la sociedad civil: 147 organizaciones sin fines de lucro de todas partes del mundo ratificaron una declaración política para convocar a los líderes a alcanzar un acuerdo sobre la eliminación de estos pagos.

Como la única organización internacional encargada de establecer reglas de comercio mundial entre las naciones, la OMC se encuentra en una posición privilegiada para confeccionar un acuerdo ambicioso —y vinculante— que permita ponerle fin a las subvenciones dañinas a la pesca. Aunque la pandemia del coronavirus ha dificultado temporalmente la continuidad de las negociaciones desde el punto de vista logístico, también ha demostrado con mayor claridad que nunca la importancia de garantizar que el océano pueda continuar respaldando a las comunidades y a las economías a largo plazo, incluso frente al surgimiento de dificultades inesperadas.

La salud de las comunidades y el medioambiente están en estrecha relación: un océano estéril no servirá de alimento para nadie. Mientras los miembros de la OMC avanzan hacia la reapertura de la actividad económica, sus líderes deben aprovechar las oportunidades de corregir las cosas que no funcionan. Erradicar las subvenciones dañinas a la pesca es precisamente una de las vías a través de las cuales los países pueden concretar este objetivo.

Isabel Jarrett administra el trabajo para reducir las subvenciones dañinas a la pesca de The Pew Charitable Trusts.