El Tribunal Internacional del Derecho del Mar amplía las responsabilidades por pesca ilegal

En el pasado, cuando los buques eran atrapados pescando ilegalmente en aguas lejanas a sus países de registro, los capitanes de los mismos eran procesados. Sin embargo, dichos países apenas sufrían repercusiones legales por estas prácticas.

Un nuevo dictamen debería cambiar esta situación. El 2 de abril el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tomó la decisión de obligar a los países de registro, o estados de abanderamiento, a tomar las "medidas necesarias" para garantizar que sus buques no se dediquen a actividades de pesca ilegal, no declarada o no reglamentada (INDNR) en aguas extranjeras.

Este dictamen, basado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, surgió a raíz de una solicitud de la Comisión Subregional de Pesca para África Occidental (CSRP) formada por Cabo Verde, Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal y Sierra Leona, países que se encuentran en una región que a menudo es blanco de los pescadores ilegales.

Aunque los estados de abanderamiento han cargado con cierta responsabilidad legal en el pasado, expertos internacionales en materia de pesca han elogiado este dictamen por constituir un paso importante en la lucha global contra la pesca ilegal, ya que declara de forma inequívoca que los países deben tomar medidas activamente para detener a los pescadores deshonestos.

"Los estados de abanderamiento deben compartir la responsabilidad de los actos de sus buques, independientemente de dónde éstos estén pescando", afirmó Tony Long, director de la campaña de Pew para acabar con la pesca ilegal. "Es alentador ver que este respetado tribunal confirma esta teoría. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es uno de los principales factores que influyen en la degradación de nuestros océanos y perjudica de manera desproporcionada a personas de países menos desarrollados cuyos recursos y alimento dependen de la pesca sostenible."

El Tribunal sostuvo que una organización internacional como la Unión Europea, que negocia los derechos de acceso a los recursos pesqueros para sus estados miembros, puede ser responsabilizada por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la pesca ilegal por parte de cualquiera de sus miembros. Eso significa que la UE podría enfrentarse a medidas legales si se demostrase que un solo buque abanderado en un país de la UE ha participado en pesca INDNR fuera de sus aguas territoriales.

El Tribunal también aclaró que los estados de abanderamiento están obligados a cooperar con los estados costeros, como los países de la CSRP, en la investigación de la pesca INDNR.

Uno de cada cinco peces pescados en el mar es capturado en actividades de pesca ilegal y no declarada, lo cual representa hasta 23.500 millones de dólares en pescado y marisco al año. África Occidental es tal vez la región del mundo más afectada por este problema, ya que los expertos calculan que hasta el 37% de los peces pescados en ella son capturados ilegalmente.

El dictamen del Tribunal podría utilizarse para aprobar una serie de medidas diseñadas para garantizar la sostenibilidad de la pesca, como la prohibición de determinados artes de pesca y de unos niveles inaceptables de capturas accesorias.

Según el Tribunal, los estados costeros deben cooperar para proteger las poblaciones de peces que comparten, lo cual mejorará la sostenibilidad de las pesquerías de la región.