Cada año, se roban 26 millones de toneladas de pescado de nuestros mares. Esto supone 1 de cada 5 peces vendidos en el mercado. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es una grave amenaza para los océanos del mundo, agota las poblaciones de peces cada vez más escasas y amenaza las economías y la seguridad alimentaria de las comunidades que dependen del pescado.
La eliminación de la pesca INDNR se está convirtiendo en una prioridad para los compradores internacionales de pescados y mariscos. Los miembros del sector son conocedores de que esta práctica amenaza la sostenibilidad de los mariscos y peces que solicitan sus clientes y arrebata los ingresos de los pescadores legítimos.
Los puertos de desembarque han sido tradicionalmente un punto débil en la lucha mundial contra la pesca INDNR, pero eso está cambiando. Mediante la realización de estrictos controles portuarios, la industria de mariscos y peces puede ofrecer garantías de que no está contribuyendo de forma intencionada en la pesca ilegal.
Los pescadores INDNR confían en una serie de tácticas y lagunas existentes en la legislación y los procedimientos nacionales para comercializar su producto. Los puertos conocidos por su aplicación laxa de la ley o por sus inspecciones limitadas son una ruta principal para que los mariscos y peces capturados de forma ilegal se introduzcan en la cadena de suministro. Los reglamentos que rigen qué barcos pueden entrar en los puertos y utilizarlos, así como las inspecciones adecuadas cuando los buques desembarcan por primera vez o realizan el transbordo de pescado, conocidos como controles portuarios, resultan esenciales para evitar que los operadores ilegales hagan llegar sus capturas al mercado.
El instrumento clave para garantizar unos controles portuarios adecuados es el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada de 2009 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocido como Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto o MERP. El acuerdo entró en vigor de junio de 2016, cuando más de 25 partes se adhirieron a él. Se trata del primer tratado internacional vinculante que tiene por objetivo luchar contra la pesca INDNR.
El Acuerdo MERP requiere a los países ejercer controles más estrictos en los buques de pabellón extranjero que desean entrar en sus puertos y utilizarlos. Los operadores deben enviar una solicitud a las autoridades de estos Estados cuando deseen desembarcar o realizar el transbordo de capturas. Las autoridades pueden rechazar la entrada de los buques de los que se sepa que están implicados en actividades de pesca ilegal o realizarles una inspección de inmediato y bloquear su acceso a los servicios portuarios.
Al llevar a cabo estrictos controles portuarios, el sector de mariscos y peces puede garantizar que no está contribuyendo de forma intencionada a la pesca ilegal.
Los resultados de estas inspecciones se comunican a los demás Estados y organizaciones correspondientes para facilitar la cooperación en las medidas para garantizar cumplimiento. Mientras que el Acuerdo MERP se centra en los buques de pabellón extranjero, se espera que las partes de este acuerdo refuercen los controles portuarios en general, incluidos en los buques nacionales. Si realizan un seguimiento, los operadores que pescan de forma ilegal tendrán menos incentivos para seguir con sus actividades y sus capturas no llegarán al mercado mundial.
El número de partes adheridas al Acuerdo MERP sigue creciendo, y el acuerdo está demostrando ser una herramienta rentable para luchar contra la pesca ilegal a escala mundial. Esto es especialmente importante porque los métodos convencionales para garantizar el cumplimiento son extremadamente costosos y requieren un arduo trabajo. Los Estados que se adhieren al tratado están enviando una clara señal a la comunidad internacional de que se están esforzando por luchar contra la pesca ilegal y que sus puertos ya no están abiertos para los mariscos y peces ilegales.
Los Estados que se adhieren al tratado están enviando una clara señal a la comunidad internacional de que se están esforzando por luchar contra la pesca ilegal y que sus puertos ya no están abiertos para los mariscos y peces ilegales.
Los compradores de mariscos y peces pueden mostrar una preferencia por los puertos pertenecientes a los Estados que forman parte del Acuerdo MERP, puesto que están relacionados con un nivel de riesgo menor de ser puntos de entrada de capturas ilegales. Además, si su cadena de suministro incluye puertos de Estados que aun no se han adherido al tratado, los compradores pueden desempeñar un papel activo en animarles a adherirse.
La aplicación de todos los requisitos del Acuerdo MERP es una parte fundamental de la lucha contra la pesca INDNR. Cuando los compradores actúan con la debida diligencia, sus criterios de evaluación del riesgo deberían incluir si el Estado rector del puerto dispone de procedimientos para identificar buques sospechosos y bloquearlos desde sus puertos, estándares para inspecciones portuarias y la capacidad para llevarlas a cabo, así como canales para compartir información con otras agencias regionales e internacionales.
Los compradores de mariscos y peces deberían considerar también el hecho de trabajar con proveedores para mejorar la implementación de medidas del Estado rector del puerto de la siguiente manera:
Los compradores de mariscos y peces desempeñan un papel importante a la hora de determinar la eficacia del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto en la eliminación de la pesca ilegal. Aunque más gobiernos deben ratificar e implementar el acuerdo, los compradores pueden crear conciencia sobre los problemas que deben abordarse y defender la aplicación efectiva del Acuerdo.
Si trabajan en colaboración con los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, los compradores de mariscos y peces pueden ayudar a abordar la pesca ilegal desde todos los ángulos. Tienen un fuerte incentivo: los consumidores son cada vez más conscientes de dónde proceden sus mariscos y peces y piden a los compradores que adopten las medidas necesarias para garantizar a sus clientes que sus productos son sostenibles.
Mediante la formulación de preguntas y promoviendo las mejoras en los puertos en los que desembarcan los mariscos y peces, estos compradores pueden reducir el riesgo de comercializar mariscos y peces INDNR y limitar el número de puertos en los que los pescadores pueden descargar capturas ilegales.