Los líderes de Costa Rica se comprometen a cerrar sus puertos al pescado capturado ilegalmente

Ya reconocida por sus políticas de conservación, Costa Rica se ha convertido en defensora de la lucha contra la pesca ilegal al ratificar el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (Acuerdo MERP), el tratado internacional que tiene como fin impedir que el pescado capturado ilegalmente ingrese al mercado. En virtud del acuerdo, los países denegarán el desembarque y otros servicios portuarios a los buques involucrados en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

El Acuerdo MERP, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2009, es una herramienta fundamental en la lucha contra la pesca ilegal, la cual representa un valor equivalente a 23.500 millones de dólares estadounidenses en productos del mar cada año. La pesca ilegal debilita la seguridad social, ambiental y económica en todo el mundo, particularmente en países en desarrollo cuyas economías dependen en gran medida de los productos del mar.

Costa Rica anunció la iniciativa durante la conferencia “Nuestro Océano” que se celebró los días 5 y 6 de Octubre en Valparaíso (Chile). El país centroamericano es muy consciente de la importancia económica que tiene para el futuro del país mantener sus hábitats marinos en estado saludable. Alrededor del 20 por ciento de la costa pacífica de Costa Rica y cerca del 50 por ciento de su costa caribeña ya forman parte de áreas protegidas por el Estado. El ecoturismo aporta cada año más de 2.000 millones de dólares a la economía costarricense. Al ratificar el Acuerdo MERP, Costa Rica puede proteger aún más su seguridad social, ambiental y económica. Incluyendo a Costa Rica, 16 estados han ratificado el Acuerdo MERP hasta la fecha. Se necesitan 25 ratificaciones para que el Acuerdo entre en vigor.

Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) manifestó su complacencia por la aprobación del Acuerdo MERP y resaltó la importancia de este instrumento internacional en el combate de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. También expresó su deseo de que pronto se cuente con el número de países requerido para la entrada en vigencia del acuerdo a nivel internacional.

Además de las medidas portuarias, la Guardia Costera de Costa Rica ha reforzado el cumplimiento dentro de su zona económica exclusiva con la ayuda de un sistema de identificación y localización para combatir el narcotráfico y la pesca ilegal. Con este nuevo sistema, las fuerzas del orden responsables de la aplicación de las leyes marítimas confiscaron recientemente 2 kilómetros de redes de pesca ilegales.

Estas acciones demuestran que ningún estado necesita esperar a que el acuerdo MERP entre en vigor para demostrar su compromiso con la lucha contra la pesca ilegal.

De hecho, la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), el grupo responsable de coordinar el desarrollo sostenible de la industria pesquera en la región, va a emprender un estudio para comprender mejor qué capacidades serían necesarias para aplicar el Acuerdo MERP en todos sus estados miembros.

Según Mario González Recinos, director regional de OSPESCA, este enfoque multinacional en los controles portuarios mejoraría la efectividad de los esfuerzos gubernamentales para detener la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Tal como escribió en agosto Mark Young, un especialista en cumplimiento de Pew, en un artículo para The New York Times, las autoridades pueden hacer progresos efectivos para detener la pesca ilegal cuando se aplican medidas portuarias como parte de una caja de herramientas que incluye nuevas tecnologías para supervisar las zonas marinas y las actividades pesqueras.

Gracias al liderazgo de Costa Rica, estamos más cerca de este objetivo.

Tony Long dirige el proyecto para detener la pesca ilegal en The Pew Charitable Trusts.