Este artículo es el tercero de una serie sobre pesca y cooperación regional.
Para muchas personas, la idea de “seguridad en el mar” suscita imágenes de batallas navales, piratería y países que protegen sus costas de agresiones por parte de otras naciones. Sin embargo, en la actualidad, muchos países costeros se enfrentan a una amenaza marítima mucho más urgente: la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
La pesca INDNR representa hasta 1 de cada 5 peces capturados en su medio silvestre que se venden en todo el mundo, una cifra que asciende a $23.000 millones en productos marinos, y se relaciona con una multitud de otros delitos, que suelen involucrar el tráfico de personas. La pesca ilegal también supone una amenaza para las poblaciones de peces saludables, que son fundamentales para fomentar la biodiversidad en los océanos y, bien gestionadas, constituyen un recurso natural autorrenovable y una fuente clave de alimento, empleo e ingresos para los gobiernos de muchas regiones. La pesca INDNR es una gran amenaza para estos beneficios.
Si bien velar por el cumplimiento de normas pesqueras, históricamente, no es una prioridad para las fuerzas de seguridad marítima, es momento de que la protección de las pesquerías sea tomada en cuenta con una perspectiva orientada a la seguridad. Por lo general, el énfasis de la seguridad está puesto a nivel nacional. Sin embargo, la naturaleza migratoria de las poblaciones de peces y la característica transitoria de la pesca exigen un enfoque multilateral e, idealmente, regional, a fin de garantizar la protección de estos valiosos recursos naturales y la eficacia de la gobernanza marítima.
La pesca INDNR abarca, de manera inevitable, múltiples jurisdicciones y áreas de responsabilidad. Por lo tanto, la incorporación de políticas pesqueras al contexto más amplio de la gobernanza marítima puede ayudar a reducir otras amenazas marítimas. Asimismo, esto garantizará que los océanos sean más seguros y que el suministro de alimentos sea más estable.
Desde el intercambio de inteligencia, el análisis y la diseminación hasta las operaciones que tienen lugar en el agua y su supervisión, la aplicación de normas pesqueras le permite a un país o a una región hacer uso de todas sus capacidades militares y de seguridad. Además, desde el ámbito de la aplicación de la ley, los mecanismos para combatir la pesca ilegal y otras actividades ilegales son muy similares a los que se utilizan en el ejercicio de las funciones militares tradicionales. La aplicación de normas pesqueras supone el empleo de monitoreo, análisis y toma de decisiones de tipo militar para detectar, identificar e interceptar buques sospechosos. Estas similitudes pueden ayudar a las agencias a mejorar la manera en que imparten capacitaciones orientadas a las operaciones de seguridad marítima, incluida la aplicación de normas contra la pesca INDNR.
La capacitación a nivel nacional es importante, pero no alcanza por sí sola para eliminar la pesca ilegal. Es necesaria la cooperación regional similar a los ejercicios multinacionales UNITAS (que significa “unidad” en latín) que las fuerzas armadas y las guardias costeras sudamericanas realizan anualmente desde 1960. Ese es apenas un ejemplo de las operaciones colaborativas que los países llevan a cabo para mejorar la seguridad marítima. Incorporar la aplicación de normas pesqueras a estos esfuerzos demostrará que combatir la pesca INDNR, un delito contra los océanos muy grave, es tan importante como dirigir recursos contra otras actividades ilícitas.
Debido al peligro claro y tangible que supone la pesca ilegal, la protección de las pesquerías debería ser uno de los principales focos de estos y otros eventos destinados a la seguridad marítima. Estos ejercicios y operaciones deberían fomentar y promover la aplicación de normas pesqueras como un elemento clave para lograr la gobernanza marítima.
Algunas regiones se mantienen a la vanguardia en términos de promoción de la gobernanza marítima y el estado de derecho. Por ejemplo, en Sudamérica, en el marco de la Declaración de Santiago de 1952, se delimitó una zona de pesca de 200 millas náuticas para Chile, Ecuador y Perú, lo que, en ese entonces, era muy superior a la zona tradicional de 3 millas náuticas de los estados costeros. Este fue el primer acuerdo de coordinación de esta naturaleza y fue un avance hacia la protección de los recursos pesqueros.
El resto del mundo tardó décadas en avanzar en ese sentido. No fue sino hasta la creación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982 que todo el mundo tomó registro de lo que, en ese entonces, ya era una norma bien establecida en Sudamérica.
La pesca ilegal es consecuencia de una gobernanza marítima ineficaz, pero tiene solución. Con una promulgación sólida y eficaz de leyes, y diversas medidas de aplicación, se pueden proteger las pesquerías del mismo modo en que los Gobiernos protegen a sus países contra agresiones extranjeras. Sin embargo, a diferencia de otros recursos naturales, como las poblaciones de peces son recursos compartidos por muchos países, la gestión eficaz de estas exige una mayor cooperación multilateral.
Es fundamental que los grupos regionales conformados por naciones de todo tipo, desde naciones isleñas pequeñas hasta potencias marítimas influyentes, aúnen los esfuerzos de seguridad pesquera y actualicen la gestión de las valiosas poblaciones de peces de las que dependen millones de personas.
Daniel Schaeffer es gerente sénior y Tahiana Fajardo Vargas es oficial, ambos forman parte del proyecto de pesquerías internacionales de The Pew Charitable Trusts.