La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) no sucede de forma aislada. En aguas internacionales, cuando se captura un pez de manera ilegal o se declara erróneamente una captura completa, la responsabilidad de rastrear a los autores del delito o de evitar que estos actos se repitan recae en varias entidades. Los Gobiernos —ya sea que representen Estados importadores, costeros o rectores del puerto, o Estados del pabellón— y las entidades pesqueras regionales, junto con otras entidades de cooperación multilaterales, desempeñan diferentes roles para apoyar la aplicación de políticas pesqueras en pos de una mayor gobernanza de los océanos. Y cada parte debe desempeñar su función de manera articulada con los otros actores mediante la cooperación y la comunicación. Si bien cada Gobierno tiene sus propios requisitos y planes específicos, las prioridades universales incluyen proteger tanto los puestos de trabajo y los medios de vida como la salud de las poblaciones de peces. En los océanos, a nivel nacional, regional e internacional, se requieren enfoques personalizados para estimular la coordinación, apoyar a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y garantizar pesquerías saludables.
Aunque pueda parecer sencilla en la teoría, una verdadera coordinación para luchar contra la captura INDNR es difícil de lograr y requiere del compromiso genuino tanto de departamentos como de instituciones, además de un enfoque multidimensional. Para comenzar, es necesario que los Gobiernos fomenten el diálogo abierto entre sus propias instituciones nacionales. Por ejemplo, los departamentos de pesquerías deben estar en contacto con las autoridades marítimas a fin de asegurar una comprensión mutua respecto del seguimiento de buques y los requerimientos de una inspección, así como también desarrollar acciones coordinadas para las operaciones de pesca que se consideran riesgosas. Los puertos son otro aspecto donde la cooperación y coordinación es fundamental. Idealmente, en un país, los puertos se deberían regir por estructuras de gobernanza múltiple donde los empleados portuarios dispongan de las herramientas que necesitan y se los aliente a comunicarse de manera efectiva con otras instituciones nacionales dedicadas a una variedad de problemáticas, como protección medioambiental, aduanas e importaciones, o seguridad nacional. Y, cuando los agentes portuarios procesen a los buques que llegan para desembarcar capturas u otros cargamentos, deberían cooperar con sus pares de otros países.
En Centroamérica, ciertos organismos, como la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano, mejor conocida como la OSPESCA, y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, o COCATRAM, han articulado protocolos de inspección conjuntos y el intercambio de información en un enfoque de varias capas que resulta muy útil para sus Estados miembros. Al crear procesos conjuntos que siguen los mismos reglamentos y reglas generales para los puertos, independientemente del país del que se trate, los Gobiernos de Centroamérica han creado mecanismos integrales, eficientes y efectivos para la coordinación y la cooperación.
Este enfoque a nivel regional funciona en distintas áreas del océano. En el Océano Índico, la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC, por sus siglas en inglés) y el Memorando de Entendimiento del Océano Índico (IOMOU, por sus siglas en inglés) sobre la supervisión del Estado rector del puerto trabajan en un programa colaborativo para coordinar medidas de los Estados rectores de puertos dentro de las circunscripciones de la IOTC con controles pertinentes por parte de los miembros del IOMOU. Dado que a ambos grupos los atañe la manera en que los puertos gestionan los buques, desde la solicitud inicial de ingreso en un puerto hasta las inspecciones y las salidas, garantizar la consistencia de protecciones portuarias entre los distintos países es clave. Como consecuencia de este acuerdo de colaboración, se incrementa y se optimiza el intercambio de la información, y se puede promover un mayor desarrollo de la capacidad de controles portuarios entre los diversos Gobiernos involucrados en cada acuerdo.
Si bien la cooperación interinstitucional es importante, resulta difícil lograr una ordenación más sólida y satisfactoria sin el intercambio de información entre cada entidad. De hecho, según un estudio realizado con el apoyo de Pew, un mayor intercambio de información entre Estados vecinos, incluso en casos en los que un país tiene limitaciones para la reciprocidad, mejora la capacidad general para implementar reglamentación de pesquerías en las áreas compartidas o adyacentes. Incluso intercambiar información de forma unilateral puede propiciar una mejora en la salud de las poblaciones de peces en cada país. Cuando se comparte información de manera conjunta, los resultados son todavía más contundentes.
Un enfoque polifacético y que reúna a distintas entidades y gobiernos para mejorar la aplicación y el cumplimiento de políticas y leyes de pesquerías de alcance internacional es complejo, pero factible. Si bien existen algunos acuerdos nacionales y regionales, estos podrían beneficiarse de una mejor colaboración entre los participantes. Una mejor gobernanza de los océanos se puede lograr mediante alianzas e iniciativas conjuntas que no solo ayuden a cada Estado participante a cumplir con sus obligaciones internacionales en estrecha colaboración, sino que también sirvan de apoyo para los esfuerzos de otros países. Al involucrar a las comunidades y las autoridades pertinentes de diversas áreas regionales para ayudar a coordinar la lucha contra la pesca ilegal, los Gobiernos y la industria se aseguran de que cada actor del área desempeña su función en la ordenación sostenible de valiosas poblaciones de peces, así como en la gobernanza efectiva de los océanos.
Dawn Borg Costanzi es oficial sénior y Tahiana Fajardo Vargas es oficial, ambas forman parte del proyecto de pesquerías internacionales de Pew.