Nota de la editora: Este artículo fue actualizado el 15 de noviembre de 2022 para entregar detalles adicionales sobre la metodología y autoría de la encuesta y para corregir las fechas de la encuesta.
Las áreas naturales de Chile son reconocidas internacionalmente por su biodiversidad, endemismo y fragilidad. En los últimos meses, el mundo entero ha sido testigo en particular de la riqueza ecosistémica de la Patagonia chilena a través de las reconocidas series “Nuestros grandiosos parques nacionales” y “Patagonia: Vida en los confines del mundo”.
El propio Estado de Chile ha valorado esta gran riqueza a través de la creación de áreas protegidas, las cuales, hasta la fecha, abarcan más del 21% de su territorio y 42% de su maritorio. Si bien esto pone a este país a la vanguardia en cuanto al porcentaje que se encuentra bajo esquemas de protección, Chile es también uno de los países que destina menos dinero del presupuesto nacional a estos espacios, siendo muchos de ellos considerados como “parques de papel”. De hecho, en general el país tiene un déficit presupuestario de 54 mil millones de pesos anuales para sus áreas protegidas, por lo que no se están gestionando eficazmente.
Dentro del presupuesto nacional 2022, el país entregará 24.1 mil millones de pesos a áreas protegidas del Estado, lo que corresponde a 586 pesos por hectárea protegida. Si a simple vista esa cantidad parece insuficiente para la administración de una hectárea durante un año, la situación se hace más evidente al comparar con lo que ocurre en países vecinos. Argentina, por ejemplo, tiene destinado para este año 2.327 pesos chilenos por hectárea protegida, mientras que Perú invertirá 5.588 pesos.
Si se analiza el porcentaje del presupuesto total de la nación destinado a áreas protegidas—que es un indicador interesante respecto a la importancia que cada país asigna a distintas materias—tampoco encontramos a Chile en una mejor posición. Argentina destina 0,006% del presupuesto a áreas protegidas, mientras que Chile la mitad de ese porcentaje y, peor aún, 10 veces menos que el vecino del norte, Perú.
Como una forma de colaborar y buscar distintas formas de cerrar esta brecha financiera, The Pew Charitable Trusts ha estado trabajando junto a Conservation Strategy Fund (CSF)—una organización que utiliza la economía y el pensamiento estratégico para ayudar a conservar los ecosistemas naturales alrededor del mundo—con el objetivo de generar información relevante a instituciones que están a cargo de la gestión de áreas protegidas, como es el caso de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) o el Ministerio del Medio Ambiente, tanto para el diseño de nuevos mecanismos de financiamiento, como para la gestión de fondos que permitan reducir las brechas de financiamiento.
En la mayoría de los países de América Latina, más del 50% del presupuesto de las áreas protegidas proviene del Gobierno. El resto proviene de los ingresos propios que son generados por cobros de entradas a estas áreas o incluso por las actividades turísticas que son desarrolladas dentro de las mismas a través de concesiones.
Pero en Chile, el 61.2% del presupuesto asignado por el Gobierno a áreas protegidas entre 2020 y 2022 proviene del cobro de ingreso a los parques y reservas nacionales. Y si bien las tarifas de entrada son la principal fuente de ingresos propios de las áreas protegidas, no son suficientes para cubrir las brechas de financiamiento.
Estos últimos dos años y ante el avance del COVID-19 en el mundo, muchos parques y reservas nacionales se vieron obligadas a cerrar y no recibir visitas, situación que afectó directamente el financiamiento. Por otro lado, en aquellos parques que se mantuvieron abiertos, el flujo de turistas fue significativamente menor al observado en años previos. Ambos factores tuvieron un impacto significativo en el financiamiento de estas áreas, ya que las visitas disminuyeron más de un 50% en 2020 y 2021, en comparación con los años anteriores.
Ante esa situación, CSF exploró la posibilidad de diseñar un mecanismo de financiamiento a partir de contribuciones de los hogares chilenos, sin que estas contribuciones estén asociadas a la visita de un área protegida. En un estudio realizado en 1.545 casas entre el 23 de junio y el 9 de agosto de 2021, CSF encontró que aproximadamente la mitad de los hogares chilenos están dispuestos a pagar al menos 6.000 pesos chilenos (6.45 USD) por mes para apoyar a la mejora de la gestión de las áreas protegidas y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
Entendiendo que no todos los hogares pueden aportar esa cantidad mensual, se realizó un cálculo bajando el valor del aporte a 500 pesos por mes, siendo este el valor más bajo establecido y que el 74% de los hogares chilenos estaría dispuesto a donar. En este caso, se lograría cubrir alrededor del 65% del déficit de financiamiento actual, considerando las necesidades básicas de manejo diarias del Sistema de Parques Nacionales.
Chile tiene hoy alternativas y oportunidades únicas de proteger adecuadamente grandes espacios de alto valor ecosistémico. Esperamos que este estudio sea un aporte para ampliar las posibilidades de financiamiento para que áreas naturales sean gestionadas eficientemente y permitan el desarrollo sostenible y el bienestar permanente de las comunidades locales.
Este estudio fue realizado para Pew por CSF a través de una encuesta telefónica realizada entre el 23 de junio y el 9 de agosto de 2021 por la organización profesional de encuestas Datavoz, utilizando el marco de muestreo Random Digit Dialing (RDD). Datavoz se contactó con más de 16.000 hogares. El 10% aceptó participar en la encuesta, por lo que, teniendo en cuenta la población de Chile, el análisis tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales.
Maximiliano Sepúlveda trabaja en el proyecto Patagonia Chilena y Kevin He en el proyecto Ciencia de la Conservación de The Pew Charitable Trusts.