El gobierno del Reino Unido lleva tiempo afirmando su deseo de convertirse en "líder mundial" en la ordenación pesquera; y tras la publicación el pasado 30 de enero del borrador británico en materia de pesca, los responsables políticos tienen la oportunidad de lograrlo. Sin embargo, para que esto suceda, se requieren compromisos firmes. Para el Reino Unido, el proyecto de ley presenta una oportunidad para demostrar que ha aprendido las lecciones derivadas de los aciertos y errores en materia pesquera en todo el mundo adoptando una gestión sostenible de sus poblaciones de peces, muchas de las cuales siguen estando sobreexplotadas.
En los dos últimos años, los líderes británicos ya han tenido varias oportunidades para aprender de sus intentos fallidos y poder acordar esta legislación. El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales adelantó en una nota de prensa el primer borrador del proyecto de ley propuesto en octubre de 2018; en él se elogiaba la legislación por sus disposiciones en materia de sostenibilidad y se invitaba a los periodistas a escribir acerca de este aspecto, antes incluso de que pudiesen haber visto el texto.
Lamentablemente, el texto no coincidía con la retórica: el proyecto de ley habría creado un "marco" flexible para las decisiones en materia de pesca, con algunos requisitos vinculantes, y habría dejado buena parte de las decisiones en política de pesca del Reino Unido a discreción de las futuras secretarías de estado.
El nuevo proyecto de ley publicado el 30 de enero (que fue promocionado con la misma táctica de adelantarlo a la prensa) incorpora una serie de mejoras en algunos aspectos, pero también repite muchas de las mismas carencias. Este proyecto de ley refuerza los objetivos y los mecanismos orientados a lograr la sostenibilidad en función de cada pesquería o población y mantiene el objetivo de recuperar poblaciones de peces hasta niveles productivos, reproduciendo los objetivos de la política pesquera común de la Unión Europea. Sin embargo, es preocupante la falta de claridad de esta legislación en relación con los controles anuales sobre presión de pesca necesarios para lograr este objetivo. En vez de especificar requisitos claros para lograr una pesca sostenible cada año, el proyecto de ley incluye una estructura compleja de "planes de gestión" ocasionalmente opcionales que pueden (o no) cumplir los objetivos para cada una de las poblaciones de peces.
Da la sensación de que el mensaje de los ministros sigue siendo que el gobierno del Reino Unido puede necesitar algunos años de flexibilidad para pescar determinadas poblaciones de peces de manera no sostenible; este es un aspecto de gran importancia, motivo por el cual el texto redactado debe ser preciso. Después de todo, acabar con la sobreexplotación pesquera beneficiará a largo plazo a la ciudadanía, al sector pesquero y a las poblaciones de peces. De hecho, la sobrepesca continuada acabará perjudicando al sector más que cualquier parte interesada, así que las empresas del sector pesquero y marisquero son las primeras interesadas en apoyar políticas encaminadas a la sostenibilidad.
Tal como confirman décadas de gestión de pesquerías, las políticas oficiales del tipo "confíen en nosotros" no funcionan. Incluso en los Estados Unidos hay casos de éxito en los que los gestores pesqueros redujeron la sobrepesca, restablecieron poblaciones de peces y recuperaron el rendimiento de las pesquerías mediante el establecimiento de límites legales y la obligación de cumplirlos. En otros lugares, sin embargo, las intenciones generales de recuperar poblaciones en algún momento de la próxima década, en ausencia de límites a la presión pesquera, darán resultados opuestos con calendarios de recuperación que durarán décadas.
Además, el enfoque del tipo "confíen en nosotros" ha provocado que los responsables políticos de la UE se manifiesten públicamente a favor de objetivos audaces en cuanto a recuperación de poblaciones mientras se reúnen cada diciembre, a puerta cerrada, para establecer límites de captura insosteniblemente elevados para los próximos 12 meses.
Esta incapacidad de salvaguardar las poblaciones de peces y las pesquerías que dependen de ellas no se debe estrictamente a la ineficacia de los responsables políticos ni a la pesca no regulada, ilegal o no declarada a largo plazo. Ni siquiera se debe a cambios climáticos ni a la composición química del agua, aunque ninguno de estos factores contribuye a mejorarla. Se debe a la extraordinaria presión política que sufren los ministros para rechazar recortes en los límites de pesca y garantizar incrementos de capturas en el próximo año. Existe un riesgo real de empeorar el problema de la sobreexplotación pesquera si el Reino Unido y la Unión Europea también discrepan sobre las cuotas relativas de sus pesquerías en las negociaciones de los próximos años.
Los parlamentarios británicos aún están a tiempo de mejorar el proyecto de ley incorporando normativas que limiten cada año la presión pesquera cada año hasta los niveles máximos de sostenibilidad establecidos por la comunidad científica, lo que en sí mismo no tiene nada de ambicioso. Otra opción sería poner en marcha una auténtica ordenación basada en los ecosistemas capaz de abordar los inminentes descensos de la productividad y los cambios en la distribución de las poblaciones de peces pronosticadas por la comunidad científica, algo que ya afecta a las pesquerías del Reino Unido por los efectos del cambio climático. Como mínimo, el proyecto de ley debería emular otros sistemas exitosos en la ordenación pesquera como el de Estados Unidos, que obliga a recuperar las poblaciones mermadas en un calendario específico.
El Reino Unido seguirá gestionando de manera conjunta muchas poblaciones con la UE y Noruega. Para ejercer el "liderazgo mundial" que ha prometido en gestión de pesquerías, el Reino Unido deberá demostrar antes el liderazgo en sus propias aguas y entre sus socios locales.
Andrew Clayton encabeza las iniciativas de The Pew Charitable Trusts para acabar con la sobrepesca en el noroeste de Europa.