En Junio, en una operación que dio a conocer la semana pasada la Oficina Europea de Policía (Europol), se incautaron más de 80 000 kilogramos (88 toneladas) de atún rojo del Atlántico de dudosa legalidad. Esta incautación se produjo después de que la Guardia Civil española detectara actividades inusuales relacionadas con la pesca y el comercio del atún rojo en la región del Mediterráneo y descubriera que había personas que estaban sufriendo intoxicaciones alimentarias por el consumo de atún rojo mal refrigerado. Aunque la redada desmontó lo que la Europol describió como una red de operadores de España, Francia, Italia y Malta que condujo al arresto de 79 individuos, la pesca ilegal de atún rojo sigue representando un problema considerable, una realidad que plantea serias dudas sobre la eficacia de los controles que se supone que impiden este tipo de actividad.
De hecho, la Europol dijo que esa operación pasaba de contrabando 2,5 millones de kilogramos (casi 2800 toneladas) de atún rojo al año, una cifra que supera el límite de captura de toda la pesquería del Atlántico occidental y también las cuotas del océano Atlántico oriental y el mar Mediterráneo correspondientes a todos los miembros (menos dos de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico [CICAA]).
Esa captura en apariencia ilegal de cantidades tan enormes de atún rojo nos recuerda a la que se producía a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando las capturas ilegales representaban aproximadamente la mitad de la extracción total de atunes rojos. Eso redujo las poblaciones a niveles tan bajos que se consideró la posibilidad de prohibir el comercio internacional de la especie. Combinadas con las cuotas récord que fijó el año pasado la CICAA, el exceso de capacidad (hay demasiados barcos concentrados en la pesca del atún rojo) y la pesca ilegal podrían provocar un daño duradero a una especie que lucha por recuperarse después de décadas de sobreexplotación pesquera descontrolada.
Esta actividad ilegal no se debería haber producido. En 2016, la CICAA puso en marcha un sistema electrónico de documentación de capturas del atún rojo (eBCD) para sustituir el método en formato papel que llevaba mucho tiempo utilizándose para hacer un seguimiento de la captura y el comercio mundiales de atún rojo del Atlántico y, en teoría, para ayudar a impedir la entrada del pescado ilegal en el mercado. El sistema eBCD se diseñó para realizar un seguimiento de todo el pescado desembarcado, desde el mar hasta el punto de venta final. Sin embargo, ante la noticia de los arrestos, queda clara la necesidad de reforzar la supervisión y la vigilancia, incluido el sistema eBCD.
A pesar de eso, la Unión Europea está liderando una iniciativa en la CICAA para suavizar las restricciones en la pesquería del atún rojo. En la reunión de la CICAA del año pasado, la UE propuso el aumento de los límites de captura y suavizar las regulaciones por las que se rige la pesquería, entre otras cosas, eliminando las temporadas de veda para determinadas artes de pesca, aumentando el número o el tamaño de los buques de cerco en un 20 %, permitiendo que los buques pequeños capturen más atún rojo de forma accidental e introduciendo más excepciones al tamaño mínimo del pescado capturado. En conjunto, la propuesta se traduce en más pesca con menos controles. Y, aunque esa propuesta no se adoptó en 2017, por desgracia se espera que vuelva a presentarse este año en la reunión anual de la CICAA, que se celebra entre el 12 y el 19 de noviembre en Dubrovnik, Croacia.
La UE propone revertir las medidas que adoptó la CICAA para evitar una prohibición del comercio del atún rojo del atlántico y alejar la especie del borde del colapso, a pesar de que esas políticas funcionaran (durante un tiempo). La investigación de la Europol demuestra que, cuando los miembros de la CICAA se reúnan en Dubrovnik, deberían aprobar medidas de ordenación más firmes, no más débiles.
Hace diez años, un panel independiente designado por la CICAA concluyó que se había extendido la opinión de que la Comisión era una “vergüenza internacional” debido a su deficiente ordenación del atún rojo del Atlántico. La pregunta que hay que plantear hoy ante la Comisión es muy simple: ¿Seguirá basando sus decisiones en beneficios económicos a corto plazo, arriesgando así el futuro de una de las especies más emblemáticas del Atlántico? ¿O podrá dar un paso adelante y demostrar que se toma en serio el objetivo de una ordenación sostenible a largo plazo?
Grantly Galland es responsable de la conservación global del atún para The Pew Charitable Trusts.