La pesca es fundamental para la economía latinoamericana y, para muchos de los que allí viven, una forma de vida. No obstante, esta industria centenaria también está en riesgo.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la región produce 21,5 millones de toneladas métricas de pescado cada año, la cuarta parte de la producción anual mundial. Y, aproximadamente, 2,3 millones de latinoamericanos participan en la pesca.
Sin embargo, la industria está perdiendo frente a las agresivas flotas extranjeras, provenientes, en su mayoría, de Europa y Asia, que pescan dentro de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de Latinoamérica y las áreas que se encuentran fuera de ellas. A diferencia de los buques nacionales, estas flotas suelen beneficiarse de una financiación sustancial de sus Gobiernos de origen, la cual les permite pescar fuera de las aguas de sus propios países. Estas subvenciones a la pesca destinadas a aumentar la capacidad son dañinas y pagan el combustible y otros gastos, reducen artificialmente el costo de la pesca y les permiten a las flotas pescar en áreas donde, de otro modo, no resultaría rentable hacerlo.
Después de más de dos décadas de conversaciones, los 164 Gobiernos miembro de la Organización Mundial del Comercio están más cerca que nunca de acordar un nuevo tratado vinculante a nivel mundial que podría frenar las subvenciones dañinas que les permiten a las flotas pescar tanto en aguas de otros países como en altamar. La pesca en altamar, en la periferia de las aguas de otra nación, puede perjudicar a las pesquerías de un país en parte porque les permite a los buques extranjeros capturar especies migratorias, como atunes o marlines, antes de que ingresen a la ZEE.
Mientras los ministros de comercio se preparan para reunirse en Ginebra para una conferencia ministerial de la OMC que comienza el 30 de noviembre, los líderes de Latinoamérica deberían presionar por un acuerdo de subvenciones a la pesca que ayude a sus pescadores nacionales a competir mejor con las flotas extranjeras. Para ello, es preciso insistir en que el acuerdo elimine todas las subvenciones de aumento de la capacidad que apuntalan la llamada pesca en aguas distantes y permiten más pesca de la que el mercado sostendría en otras circunstancias.
Cada año, los Gobiernos de todo el mundo distribuyen $22.000 millones en subvenciones dañinas a la pesca y, de esa suma, casi dos tercios provienen de solo seis países y de la Unión Europea. Aproximadamente un tercio de ese monto, o $7.200 millones, se destina a ayudar a países a pescar en las ZEE de otras naciones y en altamar, en el límite de esas aguas territoriales, según una nueva herramienta basada en investigaciones desarrollada por científicos de la Universidad de California, Santa Bárbara, con fondos de The Pew Charitable Trusts.
El aumento de la pesca en aguas distantes se ve impulsado por una triste realidad: tras haber agotado las poblaciones de peces en sus propias aguas, las grandes naciones pesqueras buscan otros lugares para llenar sus redes. Las islas Galápagos de Ecuador llegaron a los titulares el año pasado cuando los investigadores descubrieron que en solo un mes, 300 embarcaciones chinas pasaron 73,000 horas pescando en las afueras de la ZEE que rodea las Galápagos.
Por ejemplo, la herramienta muestra que 180 barcos de solo cuatro países (China, Corea del Sur, Taipei Chino y España) pasaron un total de 84.000 horas de pesca en la ZEE de Argentina en 2018. Eso es el equivalente a 9,6 años en el agua. Y ese cometido fue posible gracias a alrededor de $92 millones en subvenciones dañinas.
Otras investigaciones muestran una actividad similar en toda la región, no solo dentro de las ZEE de Latinoamérica, sino también en las periferias. Por ejemplo, en 2018, cerca de 600 buques estaban posicionados fuera de las aguas nacionales de Brasil, Uruguay y Argentina, impulsados por alrededor de $515 millones en subvenciones dañinas, provenientes, una vez más, de China, Corea del Sur, España y Taipei Chino. Y, en las afueras de la ZEE de Perú y Chile, una flota de aguas distantes de 570 barcos impulsada por una cifra aproximada de $630 millones en subvenciones. La situación es angustiosamente similar en toda la región.
Resulta alentador que los líderes latinoamericanos han apoyado durante mucho tiempo la reducción de las subvenciones en aguas distantes: Argentina, Chile y Uruguay copatrocinaron una propuesta de la OMC en 2019 para prohibir tales subvenciones y, en julio, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay declaró que tal prohibición tendría “el enorme potencial de tener un impacto significativo en el estado de los océanos y en el sustento de las comunidades pesqueras”.
Sin embargo, las grandes naciones pesqueras buscan atenuar el texto del posible acuerdo de la OMC para poder seguir pescando en aguas de otros países. Es por eso que los ministros de comercio de Latinoamérica deben seguir presionando para que se eliminen las subvenciones en aguas distantes: para ayudar a garantizar que los peces de sus aguas lleguen principalmente a sus buques y, de este modo, restituir la ventaja competitiva a los pescadores latinoamericanos y ayudar a sostener una industria vital, y una forma de vida, en toda la región.
Ernesto Fernández Monge trabaja en el proyecto de reducción de las subvenciones dañinas a la pesca de The Pew Charitable Trusts. Anteriormente, trabajó en la misión de Costa Rica ante la OMC en Ginebra.